El errado incentivo de la intervención política
El futuro de Iberia depende hoy más de una intervención de carácter político que de unas decisiones que obedezcan a la racionalidad económica. Y esto ayer se visualizó perfectamente en las reuniones que convocaron tanto la ministra de Fomento, Ana Pastor, con todos los sindicatos y la dirección de la aerolínea, como su colega de Industria, José Manuel Soria, con el colectivo de pilotos.
La definición de este conflicto laboral quizá se hubiera producido hace ya meses si el Gobierno no hubiera decidido intervenir forzando un arbitraje en abril de 2012 entre Iberia y el Sepla por la creación de Iberia Exprés, cuyo resultado la compañía rechazó porque consideró que limitaba su autonomía.
También el asunto probablemente ya estuviera zanjado si Pastor y Soria no se hubieran dedicado a hacer declaraciones ofreciendo cobertura a algunas demandas sindicales y dando pábulo a acusaciones de corte patriotero que carecen de sentido toda vez que Iberia fue privatizada en 2001.
El resultado de este patrocinio político conjunto de Fomento e Industria ha sido que desde diciembre -cuando Pastor logró la última tregua navideña-, los sindicatos no se sintieran incentivados a presentar ni una sola oferta por escrito y que la que planteó el 31 de enero pasado la compañía haya sido rechazada de plano. Hablamos de una oferta en la que los 4.500 despidos originales se han transformado en 3.100 prejubilaciones y la rebaja salarial se había moderado en forma importante.
Hoy, Iberia presentará formalmente su Expediente de Regulación de Empleo. La ley manda que se siga negociando, pese a que ya se han convocado 15 jornadas de huelga para los próximos días.
La carta que están jugando los sindicatos sigue el mismo patrón de las organizaciones laborales de funcionarios o empresas públicas: que la conmoción social sea tal que el Gobierno se vea obligado a imponer otro arbitraje. Pero éste, a diferencia del laudo de los pilotos, tendrá que tener en cuenta la viabilidad de la misma ya que a ningún particular se le puede obligar que opere a pérdidas.
Iberia, ahora, puede afrontar su restructuración y darse un futuro viable, aunque haya quemado 900 millones de su caja en los últimos tres años para tapar pérdidas operativas. Pero si el tiempo sigue corriendo sin una solución, las perspectivas van empeorando.
Este riesgo de intervención política es el único que realmente preocupa a los gestores de Iberia que parecen dispuestos a negociar, pero sin arriesgar la viabilidad de la empresa. El Gobierno tiene que valorar ahora si le conviene seguir enviando al exterior la señal de que el poder político recorta de facto la autonomía de las empresas en España o no.
john.muller@elmundo.es